El gobierno de la provincia acaba de anunciar una prórroga de tres meses del llamado a licitación para la construcción del nuevo puerto, lo cual incluye la venta de pliegos, que ni siquiera se han comprado. Llama la atención que en los cuatro meses anteriores, las supuestas “empresas interesadas” no hayan podido obtener del Ente Administrador del Puerto, ni del Gobierno, la información necesaria para el “análisis de los aspectos físicos, operativos, contables, comerciales, financieros y jurídicos del proyecto”. Ya que ese es el motivo invocado para de hecho declarar desierta la licitación y realizar un nuevo llamado.
Desde nuestra entidad, hemos advertido, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, sobre las severas contradicciones técnicas, financieras y económicas del proyecto del nuevo puerto, que fuera heredado de una gestión anterior y continuado prácticamente sin modificaciones. Ya en el 2006 el Ejecutivo no quiso escuchar las objeciones de fondo que realizaran los expertos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. En 2007, ante una denuncia periodística, en la Cámara de Diputados se escucharon muchos interrogantes y pedidos de informes, pero se dejó pasar la oportunidad de debatir el proyecto. En 2012 la legislatura provincial eximió al Ente Portuario de las responsabilidades con el préstamo del Fonplata, las que fueron trasladadas al fisco provincial.
Hoy se insiste en un proyecto que está manejado por los sectores empresarios más concentrados del negocio inmobiliario de la ciudad, sin siquiera escuchar a quienes han planteado, con fundamentos científicos, un lugar de emplazamiento alternativo. Debate que hoy resulta imprescindible afrontar, así como los aspectos financieros y económicos, desde una perspectiva social.
Centro de Estudios y Acción Popular
Martes 30 de abril 2013
