jueves, 28 de noviembre de 2013

Comunicado: Nuevamente a la incertidumbre total

El nuevo puerto nuevamente en la incertidumbre total
Ahora la excusa son las “variables macroeconómicas nacionales”

Centro de Estudios y Acción Popular

Hoy vence el tercer plazo para la presentación de ofertas en la licitación para la construcción del Nuevo Puerto de Santa Fe, y el gobernador Bonfatti adelantó que en este caso tampoco habrá oferentes. La novedad es que ahora ya no se dice que las dilaciones se deban a las dificultades de la única empresa interesada para obtener “información y análisis de los aspectos físicos, operativos, contables, comerciales, financieros y jurídicos del proyecto”. En esta oportunidad cambiaron los argumentos: “Se espera que las variables macroeconómicas nacionales -en especial el dólar- resulten más convincentes para los inversores externos”.

Para eso Bonfatti adelantó que hoy decide la apertura de un cuarto período licitatorio, esta vez por seis meses. De acuerdo a los nuevos pretextos utilizados, habría que esperar un cambio de fondo en la política económica nacional. Solo faltó decidir que el nuevo plazo fuera de más de dos años más, para que un eventual cambio de gobierno pudiera ofrecer un dólar más “adecuado” a las empresas brasileras Paranagua y Camargo Correa.

Desde noviembre de 2012, el Centro de Estudios y Acción Popular viene alertando a las autoridades provinciales sobres la inviabilidad técnica y las contradicciones económicas del Proyecto. Comenzando por la elección del nuevo lugar de emplazamiento, que no es en el cause principal del río Paraná, como propusieron los expertos de la Facultad de Ciencias Hídricas de la UNL, sino en un brazo secundario; con escasa profundidad, intensa sedimentación y reducido margen de maniobra para los barcos. Parece que ninguna empresa quiere operar un puerto por 33 años, en el que tendrá que gastar fortunas en los dragados permanentes que se necesitarán para mantenerlo operativo. Alertamos también sobre la inmensa inversión que requiere la construcción del puerto en ese sitio, en particular por los accesos ferroviales y un puente, gastos que deben ser afrontados con fondos de la provincia y de la nación.

Lamentamos que el Ministro Sciara ni siquiera haya respondido a nuestro pedido de audiencia en enero de 2013, que nos hayan negado los estudios técnicos “oficiales”, y sobre todo que se sigan gastando cuantiosos recursos económicos en proyectos y administración, los cuales en manos del ENTE Portuario sólo reditúan a los intereses especulativos de empresarios acostumbrados a acumular riquezas a costa del patrimonio público. No sabemos que hace aun Vorobioff al frente de ese organismo, luego de sus inocultables fracasos, y con una severa imputación judicial por posible administración fraudulenta y otros delitos. Es impensable que el Proyecto del Nuevo Puerto prospere con este tipo de funcionarios, muy alejados de los intereses de los ciudadanos santafesinos.

Tenemos mucha expectativa en los proyectos legislativos impulsados por los diputados Leandro Busatto y Héctor Acuña, en tanto los mismos implicarían un mayor control del Estado en la administración portuaria, y un desmantelamiento de los negocios turbios que se viene haciendo al amparo de una legislación y una estructura heredada de las peores épocas del neoliberalismo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2013

lunes, 18 de noviembre de 2013

Comunicado: Una licitación viciada de irregularidades

Nuevo Puerto de Santa Fe: Una licitación viciada de irregularidades

Centro de Estudios y Acción Popular

El próximo 28 de noviembre vence el plazo fijado para la presentación de interesados en la licitación convocada para la construcción del nuevo puerto de Santa Fe. Es la segunda prórroga concedida y, según consigna la información oficial, “la solicitud de prórroga se fundamentó en el pedido de uno de los consorcios interesados que planteó la necesidad de contar con un mayor plazo para la obtención de información y análisis de los aspectos físicos, operativos, contables, comerciales, financieros y jurídicos del proyecto”, es decir bajo los mismos argumentos esgrimidos para los diferimientos anteriores.

Desde el Centro de Estudios y Acción Popular rechazamos enfáticamente tal argumentación, sostenemos que la licitación debe ser suspendida y que todo el proyecto debe ser sometido a una profunda revisión por parte de las autoridades con una decidida intervención de los diversos poderes del Estado y con la participación amplia de la comunidad.

El complejo proceso de implementación del nuevo Puerto contiene vicios que se arrastran desde su inicio que no han sido corregidos, pero que, con el afán de “seguir adelante” por las presiones de sectores diversos, continúa avanzando generando serias dudas sobre su viabilidad y un futuro incierto. Hemos advertido y lo reiteramos:

 1) No se escucharon las objeciones de fondo formuladas por los consultores de la UNL, los que cuestionaban: el lugar de emplazamiento con fuertes argumentos técnicos, la cuantiosa e innecesaria inversión que el lugar elegido finalmente significaría, las dificultades económicas y financieras del mismo, y el casi inmedible impacto ambiental que producirían los accesos viales y ferroviales.

2) En 2007, ante una denuncia periodística de “tráfico de influencias” con la compra de tierras en la zona de construcción del nuevo puerto, la que involucraba a autoridades del ENTE; en la Cámara de Diputados se escucharon muchos interrogantes y pedidos de informes, pero se dejó pasar la oportunidad de debatir el proyecto, que siguió adelante sin modificaciones. Hasta el día de hoy la comunidad santafesina no fue informada sobre la titularidad de esas tierras y nadie ha podido desmentir las denuncias documentadas sobre especulaciones inmobiliarias.

3) En 2012 la legislatura provincial eximió al Ente Portuario de las responsabilidades con el préstamo del Fonplata, las que fueron transferidas al fisco provincial, lo cual allanó el camino a los negociados inmobiliarios que actualmente está haciendo el ENTE con los terrenos provinciales del puerto. De esta forma, todos los santafesinos pasaremos a ser deudores por una obra, que presenta más que dudosos beneficios públicos.

4) Toda la elaboración del pliego licitatorio, de acuerdo con la Ley Provincial 11.011, fue realizado por el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, organismo “Público no Estatal”, conformado por un Presidente designado por el P. Ejecutivo pero con la mayoría de sus integrantes pertenecientes a sectores empresarios vinculados a la Bolsa de Comercio de Santa Fe, es decir con claros intereses económicos sectoriales en el asunto, que seguramente priorizan relegando los intereses públicos y de la sociedad santafesina. El Ente no está sometido a mayores controles por parte del Estado (P. Ejecutivo, Poder Legislativo u otros) y prueba elocuente de ello han sido las denuncias sobre graves irregularidades por parte de su Presidente Marcelo Vorobioff e integrantes, investigadas por el Juez de Instrucción de la Primera Nominación de esta ciudad.

5) Según fuentes confiables habría un único oferente de origen brasilero proveniente de contactos relacionados con Vorobioff, cuya conducta judicializada despierta fuertes sospechas de algún otro negociado, o sencillamente su intención de sacar adelante la licitación a cualquier costo.

6) El Poder Ejecutivo aun no respondió al pedido de informes realizado por la Cámara de Diputados de la Provincia en junio del corriente año. Y además está en curso la formación de una Comisión Investigadora parlamentaria, un nuevo pedido de informes al Ejecutivo y un proyecto de reforma de la Ley de Puertos que otorgará al Estado Provincial una mayor incidencia en la conducción del Ente Portuario.

 Entendemos que los sucesivos fracasos de las licitaciones, sumados a las cuestiones antes mencionadas, ameritan la reapertura del debate a todos los niveles sobre la política portuaria y la suspensión momentánea de la referida licitación. Esto debe permitir la realización previa de las reformas legales en curso y la actuación de la comisión parlamentaria u otros organismos que cuiden los intereses y los fondos públicos.

El Gobierno está a tiempo para evitar un daño mayor a la comunidad santafesina en un proyecto que compromete cuantiosos fondos públicos y el futuro desarrollo de la ciudad y la región.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2013.