La ley es tela de araña en mi ignorancia lo explico:no la tema el hombre rico nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos.Del “Martín Fierro” de José Hernández
Marcelo Vorobiof, presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe, junto a otros integrantes del organismo, fue denunciado en 2011 por la contadora del ENTE, Victoria Lascurain, por un sinnúmero de irregularidades y negociados en su gestión, a lo cual se sumó una segunda denuncia por amenazas a la profesional. En ambos casos la documentación y las evidencias resultaban abrumadoras. Sin embargo la Justicia Santafesina demoró casi dos años en hacerse cargo del tema, y con el mayor hermetismo. Recién el 20 de octubre de 2013 el tema tomó cierta trascendencia, a través de medios independientes de escasa repercusión relativa. Cinco días después el Juez Ricardo Favaretto, sin implementar investigación alguna, dictó “Falta de Mérito” en la causa de amenazas. Actuación similar a la que realizara como Fiscal en la causa Inundación de 2003, con los resultados conocidos.
El 10 de septiembre de 2013, el Fiscal Jorge Andrés realizó una extensa requisitoria, imputando a Vorobiof y a otros integrantes del Ente por un conjunto de delitos penales: Peculado, Negociaciones Incompatibles con la Función Pública, Abuso de Autoridad, Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, Falsedad de Documento Público, Uso de Documento Falso, Defraudación por administración infiel agravada a la Administración Pública.
La defensa del acusado, asumida por el abogado penalista Roberto Busser, tomó la iniciativa e indicó a Vorobiof presentarse en el Juzgado, aduciendo que esas imputaciones no le cabían, “por no ser funcionario público”. Una argumentación absurda que fue rechazada por el Juez Jorge Pegassano, pero que al ser inmediatamente apelada el magistrado decidió no iniciar ninguna investigación hasta no contar con una resolución de la Cámara. Ni siquiera los allanamientos y secuestros de documentación pedidos por la fiscalía, que sólo tendrían efecto en tanto se hicieran en lo inmediato.
Sobre el filo de fin del año 2013, ante la inminente resolución de la Cámara, seguramente desfavorable al imputado, el Dr. Busser presentó un recurso de nulidad. Con este instrumento legal de efecto dilatorio logró una vez más su propósito: que la decisión de investigación judicial e indagatoria a Vorobiof se postergara por un par de meses, los que se adicionan a la feria judicial de enero. Mientras tanto el silencio mediático comprado u obtenido por complicidades políticas, podría diluir el tema haciendo que sea olvidado por una minoría de santafesinos enterados del tema.
Los delitos imputados afectan al Estado Santafesino, y por lo tanto van en contra de la gran mayoría de los ciudadanos de la provincia. Lamentablemente el gobernador Bonfatti en vez de asumir nuestra defensa, salió a respaldar públicamente a Vorobiof, lo ratificó en su cargo, y repitió los inadmisibles argumentos de la defensa del imputado. Comparó al Ente Portuario con el Colegio de Médicos o de Abogados, soslayó que ese organismo administra bienes de la Provincia, y que ese funcionario, designado por decreto de Binner, no fue puesto en funciones para que utilice el puerto para negocios privados o de familia, sino para que represente allí los intereses del Estado Santafesino.
No se ha hecho pública la posición en el tema del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Dr. Jorge Barraguirre, quien fuera designado en su cargo por propuesta del gobernador Bonfatti. Aunque en ámbitos judiciales circula la versión que el Procurador habría dado instrucciones precisas para que la causa no tomara estado público, y que además no habría respaldado la actuación del fiscal Jorge Andrés, incluso ante las presiones políticas que el mismo debió soportar. Ojala los hechos futuros demuestren lo contrario, como para comenzar a creer que puede existir un Poder Judicial Independiente, tal como declaman los mismos que hoy lo manipulan.
Al no haberse constituido ningún actor civil como parte querellante frente a las defraudaciones al fisco provincial, y con todo el apoyo político y mediático que por el momento sostiene a Vorobiof, la fiscalía pareciera destinada a seguir la pelea ante el Juzgado en total soledad. Pero las pruebas con que cuenta son de tal contundencia, que aun en estas condiciones la verdad podría abrirse paso. Porque Santa Fe no es una isla, y la propia Nación está involucrada en el tema, por su apoyo presupuestario al nuevo puerto de Santa Fe y como garante de un préstamo externo. Además la legislatura provincial volverá a funcionar luego del receso, y en la misma hay fuerzas políticas que ya han demostrado que no serán cómplices de la mayor maniobra de corrupción de los últimos años en la provincia de Santa Fe, por más que se encuentre silenciada dentro del cerco mediático.
La reactivación portuaria, mediante la construcción de un nuevo puerto, es una aspiración de gran parte de la sociedad santafesina, que estuvo expectante durante muchos años ante sucesivas dilaciones. Ahora ya no se le puede ocultar el fracaso de la gestión del Ente Portuario y del gobierno provincial, que durante todo el año pasado tuvo abiertas tres instancias licitatorias, fracasando en todas ellas. En la última, que venció el 28 de noviembre de 2013, el gobierno provincial esperó y creyó vanamente que se presentaría algún oferente, pero la ausencia de propuestas determinó que el gobierno abriera un cuarto período de prórroga licitatoria, esta vez por nada menos que seis meses. Hechos que hablan por si solos de las irregularidades existentes.
Pareciera que los inversores brasileños, encabezados por la empresa Camargo Correa, no solo dudan de la congruencia técnica y económica del proyecto, problema que como fue explicado por los expertos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, nace de una inadecuada elección del nuevo lugar de emplazamiento, en un brazo secundario del Paraná, con intensa sedimentación, fuerte impacto ambiental, escaso espacio de maniobra y necesidad de inversiones cuantiosas en las obras de acceso y futuros dragados . Los inversores, tampoco tendrían confianza en los propios “socios” con los que tendrán que operar: Quien actualmente oficia de cara visible está imputado por graves delitos de corrupción, mientras que otros, hoy menos visibles, son los que desde 2003 vienen comprando tierras en la zona del nuevo emplazamiento del puerto, para beneficiarse con las millonarias inversiones que hará el Estado para construir los accesos al mismo. Inversiones que sólo serán funcionales a la especulación inmobiliaria, que le costarán 20 millones de dólares al Estado Nacional, y 40 millones de dólares de deuda a los santafesinos.
Surge naturalmente la pregunta de por qué el Poder Ejecutivo provincial está empeñado de esa manera en sostener a Vorobiof, quien si bien fuera designado por el ex gobernador Binner y confirmado por Bonfatti, en realidad pertenece al riñón de sus socios radicales en el Frente Progresista Cívico y Social. En especial está vinculado a Mario Barletta, quien lo incorporó al círculo de “notables” del Consejo Social de la UNL y al de la Municipalidad de Santa Fe. Si no se encuentran razones a esta conducta política, seguramente se encontrarán intereses que podrían cimentar un círculo de complicidades.
Que el “bicho grande” no rompa la tela de araña en esta causa resulta fundamental, no solo para que dejemos de ser saqueados por quienes se apropian del patrimonio público, sino también para que se abra el debate sobre el proyecto del nuevo puerto de Santa Fe, de modo que se reencause esta obra que sigue postergada, mal diseñada, y administrada en forma poco transparente desde hace varios años.
Centro de Estudios y Acción Popular
Santa Fe, enero de 2014
