Nuevo Puerto de Santa Fe: Una licitación viciada de irregularidades
Centro de Estudios y Acción Popular
El próximo 28 de noviembre vence el plazo fijado para la presentación de interesados en la licitación convocada para la construcción del nuevo puerto de Santa Fe. Es la segunda prórroga concedida y, según consigna la información oficial, “la solicitud de prórroga se fundamentó en el pedido de uno de los consorcios interesados que planteó la necesidad de contar con un mayor plazo para la obtención de información y análisis de los aspectos físicos, operativos, contables, comerciales, financieros y jurídicos del proyecto”, es decir bajo los mismos argumentos esgrimidos para los diferimientos anteriores.
Desde el Centro de Estudios y Acción Popular rechazamos enfáticamente tal argumentación, sostenemos que la licitación debe ser suspendida y que todo el proyecto debe ser sometido a una profunda revisión por parte de las autoridades con una decidida intervención de los diversos poderes del Estado y con la participación amplia de la comunidad.
El complejo proceso de implementación del nuevo Puerto contiene vicios que se arrastran desde su inicio que no han sido corregidos, pero que, con el afán de “seguir adelante” por las presiones de sectores diversos, continúa avanzando generando serias dudas sobre su viabilidad y un futuro incierto. Hemos advertido y lo reiteramos:
1) No se escucharon las objeciones de fondo formuladas por los consultores de la UNL, los que cuestionaban: el lugar de emplazamiento con fuertes argumentos técnicos, la cuantiosa e innecesaria inversión que el lugar elegido finalmente significaría, las dificultades económicas y financieras del mismo, y el casi inmedible impacto ambiental que producirían los accesos viales y ferroviales.
2) En 2007, ante una denuncia periodística de “tráfico de influencias” con la compra de tierras en la zona de construcción del nuevo puerto, la que involucraba a autoridades del ENTE; en la Cámara de Diputados se escucharon muchos interrogantes y pedidos de informes, pero se dejó pasar la oportunidad de debatir el proyecto, que siguió adelante sin modificaciones. Hasta el día de hoy la comunidad santafesina no fue informada sobre la titularidad de esas tierras y nadie ha podido desmentir las denuncias documentadas sobre especulaciones inmobiliarias.
3) En 2012 la legislatura provincial eximió al Ente Portuario de las responsabilidades con el préstamo del Fonplata, las que fueron transferidas al fisco provincial, lo cual allanó el camino a los negociados inmobiliarios que actualmente está haciendo el ENTE con los terrenos provinciales del puerto. De esta forma, todos los santafesinos pasaremos a ser deudores por una obra, que presenta más que dudosos beneficios públicos.
4) Toda la elaboración del pliego licitatorio, de acuerdo con la Ley Provincial 11.011, fue realizado por el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, organismo “Público no Estatal”, conformado por un Presidente designado por el P. Ejecutivo pero con la mayoría de sus integrantes pertenecientes a sectores empresarios vinculados a la Bolsa de Comercio de Santa Fe, es decir con claros intereses económicos sectoriales en el asunto, que seguramente priorizan relegando los intereses públicos y de la sociedad santafesina. El Ente no está sometido a mayores controles por parte del Estado (P. Ejecutivo, Poder Legislativo u otros) y prueba elocuente de ello han sido las denuncias sobre graves irregularidades por parte de su Presidente Marcelo Vorobioff e integrantes, investigadas por el Juez de Instrucción de la Primera Nominación de esta ciudad.
5) Según fuentes confiables habría un único oferente de origen brasilero proveniente de contactos relacionados con Vorobioff, cuya conducta judicializada despierta fuertes sospechas de algún otro negociado, o sencillamente su intención de sacar adelante la licitación a cualquier costo.
6) El Poder Ejecutivo aun no respondió al pedido de informes realizado por la Cámara de Diputados de la Provincia en junio del corriente año. Y además está en curso la formación de una Comisión Investigadora parlamentaria, un nuevo pedido de informes al Ejecutivo y un proyecto de reforma de la Ley de Puertos que otorgará al Estado Provincial una mayor incidencia en la conducción del Ente Portuario.
Entendemos que los sucesivos fracasos de las licitaciones, sumados a las cuestiones antes mencionadas, ameritan la reapertura del debate a todos los niveles sobre la política portuaria y la suspensión momentánea de la referida licitación. Esto debe permitir la realización previa de las reformas legales en curso y la actuación de la comisión parlamentaria u otros organismos que cuiden los intereses y los fondos públicos.
El Gobierno está a tiempo para evitar un daño mayor a la comunidad santafesina en un proyecto que compromete cuantiosos fondos públicos y el futuro desarrollo de la ciudad y la región.
Santa Fe, 16 de noviembre de 2013.
Centro de Estudios y Acción Popular
El próximo 28 de noviembre vence el plazo fijado para la presentación de interesados en la licitación convocada para la construcción del nuevo puerto de Santa Fe. Es la segunda prórroga concedida y, según consigna la información oficial, “la solicitud de prórroga se fundamentó en el pedido de uno de los consorcios interesados que planteó la necesidad de contar con un mayor plazo para la obtención de información y análisis de los aspectos físicos, operativos, contables, comerciales, financieros y jurídicos del proyecto”, es decir bajo los mismos argumentos esgrimidos para los diferimientos anteriores.
Desde el Centro de Estudios y Acción Popular rechazamos enfáticamente tal argumentación, sostenemos que la licitación debe ser suspendida y que todo el proyecto debe ser sometido a una profunda revisión por parte de las autoridades con una decidida intervención de los diversos poderes del Estado y con la participación amplia de la comunidad.
El complejo proceso de implementación del nuevo Puerto contiene vicios que se arrastran desde su inicio que no han sido corregidos, pero que, con el afán de “seguir adelante” por las presiones de sectores diversos, continúa avanzando generando serias dudas sobre su viabilidad y un futuro incierto. Hemos advertido y lo reiteramos:
1) No se escucharon las objeciones de fondo formuladas por los consultores de la UNL, los que cuestionaban: el lugar de emplazamiento con fuertes argumentos técnicos, la cuantiosa e innecesaria inversión que el lugar elegido finalmente significaría, las dificultades económicas y financieras del mismo, y el casi inmedible impacto ambiental que producirían los accesos viales y ferroviales.
2) En 2007, ante una denuncia periodística de “tráfico de influencias” con la compra de tierras en la zona de construcción del nuevo puerto, la que involucraba a autoridades del ENTE; en la Cámara de Diputados se escucharon muchos interrogantes y pedidos de informes, pero se dejó pasar la oportunidad de debatir el proyecto, que siguió adelante sin modificaciones. Hasta el día de hoy la comunidad santafesina no fue informada sobre la titularidad de esas tierras y nadie ha podido desmentir las denuncias documentadas sobre especulaciones inmobiliarias.
3) En 2012 la legislatura provincial eximió al Ente Portuario de las responsabilidades con el préstamo del Fonplata, las que fueron transferidas al fisco provincial, lo cual allanó el camino a los negociados inmobiliarios que actualmente está haciendo el ENTE con los terrenos provinciales del puerto. De esta forma, todos los santafesinos pasaremos a ser deudores por una obra, que presenta más que dudosos beneficios públicos.
4) Toda la elaboración del pliego licitatorio, de acuerdo con la Ley Provincial 11.011, fue realizado por el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, organismo “Público no Estatal”, conformado por un Presidente designado por el P. Ejecutivo pero con la mayoría de sus integrantes pertenecientes a sectores empresarios vinculados a la Bolsa de Comercio de Santa Fe, es decir con claros intereses económicos sectoriales en el asunto, que seguramente priorizan relegando los intereses públicos y de la sociedad santafesina. El Ente no está sometido a mayores controles por parte del Estado (P. Ejecutivo, Poder Legislativo u otros) y prueba elocuente de ello han sido las denuncias sobre graves irregularidades por parte de su Presidente Marcelo Vorobioff e integrantes, investigadas por el Juez de Instrucción de la Primera Nominación de esta ciudad.
5) Según fuentes confiables habría un único oferente de origen brasilero proveniente de contactos relacionados con Vorobioff, cuya conducta judicializada despierta fuertes sospechas de algún otro negociado, o sencillamente su intención de sacar adelante la licitación a cualquier costo.
6) El Poder Ejecutivo aun no respondió al pedido de informes realizado por la Cámara de Diputados de la Provincia en junio del corriente año. Y además está en curso la formación de una Comisión Investigadora parlamentaria, un nuevo pedido de informes al Ejecutivo y un proyecto de reforma de la Ley de Puertos que otorgará al Estado Provincial una mayor incidencia en la conducción del Ente Portuario.
Entendemos que los sucesivos fracasos de las licitaciones, sumados a las cuestiones antes mencionadas, ameritan la reapertura del debate a todos los niveles sobre la política portuaria y la suspensión momentánea de la referida licitación. Esto debe permitir la realización previa de las reformas legales en curso y la actuación de la comisión parlamentaria u otros organismos que cuiden los intereses y los fondos públicos.
El Gobierno está a tiempo para evitar un daño mayor a la comunidad santafesina en un proyecto que compromete cuantiosos fondos públicos y el futuro desarrollo de la ciudad y la región.
Santa Fe, 16 de noviembre de 2013.
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