Link al documento
CEAP/ Centro de Estudios y Acción Popular
El pasado 28 de mayo se abrió el único sobre presentado a la licitación para la construcción y explotación privada del Nuevo Puerto de Santa Fe. Flanqueado por el Gobernador Antonio Bonfatti, el Presidente del Ente Administrador Puerto de Santa Fe, CPN Marcelo Vorobiof, se encargó de abrir la caja blanca, con amplia cobertura mediática. El funcionario había sido designado por Decreto del ex Gobernador Binner en Enero de 2010, para representar al Estado Provincial en el ENTE, y ratificado en 2011 por su sucesor.
Si bien, el ciudadano común de Santa Fe no había recibido información al respecto, en ese momento el Presidente del Ente Portuario esperaba un fallo de la Sala 1 de la Cámara Penal de la provincia. El mismo debía confirmar o descartar si sería investigado por la Justicia en relación a una requisitoria realizada en septiembre de 2013 por la Fiscalía N° 7, en la cual le imputaban la posible comisión de múltiples delitos penales en el ejercicio de la administración portuaria. La resolución llegó recién el 27 de junio de 2014, y fue adversa para el imputado, al que la Cámara, por unanimidad, rechazó su pretensión de no ser investigado.
A pesar de las contundentes pruebas que presentó el Fiscal, el derrotero y los tiempos de la causa resultan inciertos, dadas las dificultades que suelen existir para juzgar ciertos delitos de “cuello blanco”, sobre todo cuando existen operaciones políticas de mucho peso orientadas a consagrar la impunidad. En la provincia de Santa Fe tenemos sobradas muestras de estos mecanismos.
Pero la existencia misma de la causa, a la que se suma la creación de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la provincia, muestra que estamos ante una verdadera punta de un iceberg: En 2007 se hizo pública una denuncia de “tráfico de influencias” por compra especulativa de los terrenos donde se iría a construir el nuevo Puerto, precisamente por parte de empresarios vinculados al Ente Portuario. A fines de 2012 se hizo relativamente público un hecho silenciado en el año 2006: el lugar de emplazamiento del nuevo puerto fue elegido por el ENTE, en abierta contradicción con los expertos designados por la Universidad Nacional del Litoral para supervisar los estudios previos. Además en 2012 se reveló que ciertas concesiones de terrenos públicos de la zona portuaria, se realizaban con tarifas prácticamente simbólicas. Cánones que se fijaban en parte mediante una grilla de tarifas por metro cuadrado, pero quedaban supeditadas a decisiones arbitrarias del ENTE, e incluso al dictamen del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio.
La propia licitación tuvo un trámite tortuoso. Iniciada el 6 de enero de 2013, tuvo tres vencimientos sin oferentes, y otras tantas postergaciones. Hasta que en el cuarto período, sobre la hora, se presentó la UTE “NTM Santa Fe”, que evitó la caída de todo el proceso, ante el “sorpresivo” retiro del consorcio Camargo Correa - Paranaguá, al que el Ente apostaba todas las fichas. De las cuatro empresas que componen la UTE, la española, que tiene el mayor peso en el consorcio, de nombre “Boluda”, se encuentra investigada bajo la acusación de duplicar facturas para obtener subsidios de la Unión Europea de manera ilegal.
Cada uno de los aspectos antes mencionados merece un pormenorizado análisis, cuestión que se ve dificultada en gran parte a causa de la actitud del Ejecutivo Provincial, que se niega a brindar información sobre algunos aspectos esenciales. No se respondió ni siquiera a perdidos de informes de la Cámara de Diputados, y menos aun a pedidos de Información Pública.
Lo que se sabe es por investigaciones externas al ámbito oficial, con ayuda de las cuales se puede tener un acercamiento a la problemática. Esto permite plantear una serie de interrogantes, que pueden abrir nuevas vías de estudio.
El Masterplan y la Construcción del Nuevo Puerto
A partir de 2005, el ENTE destinó 50 de las 70 hectáreas del viejo puerto, para ser concesionadas a empresas privadas, a través de contratos por varias décadas, a cambio de ciertos cánones. Con lo recaudado se amortizaría el pago de un préstamo del Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FonPlata) de 40 millones de dólares para la construcción del nuevo puerto, en una supuesta zona de aguas profundas del río Paraná. A esto deberían sumarse el aporte de 20 millones de dólares del Estado Nacional para la construcción de un puente, y de unos 100 millones de dólares por parte de la empresa que se hiciera cargo de la obra y de la concesión por 30 años del nuevo puerto.
De hecho, la “ciudad puerto” que se fue construyendo en las 50 hectáreas urbanizadas se destinaron totalmente a diversos negocios: Casino, Shoping, Hoteles y edificios de departamentos VIP, megamercado, concesionarias de automotores, etc. Ni una sola hectárea fue destinada a algún fin social.
Finalmente el gobierno provincial logró que la Legislatura Provincial aprobara la Ley N° 13259 del 13 de mayo de 2012, mediante la cual se desvinculó al ENTE de la amortización del préstamo, y que el mismo fuera cargado directamente al fisco santafesino.
La compra de terrenos en la zona del futuro puerto
En el año 2003, tres años antes de la decisión formal sobre el lugar del nuevo emplazamiento portuario, una sociedad anónima de reciente formación (“La Flor Azul S.A.”) compró 4563 hectáreas a precio vil, en la zona isleña del nuevo puerto. Esa propiedad estaba destinada a valorizarse por la futura expropiación y/o por la posibilidad de utilizar la costosa autovía de acceso construida para el puerto. Los titulares de esa firma son Hugo L. Baroni y Norberto R. Michel, quienes eran gerentes del Banco Bica. Al igual que Benito Correnti, quien por esa época participó de la política portuaria y llegó a la presidencia del ENTE, con apoyo de la Bolsa de Comercio de santa Fe. Luego, Carlos Nahuel Caputto compró tierras en la zona, según sus declaraciones a comienzos de 2007, admitiendo sus intenciones de invertir en emprendimientos inmobiliarios y turísticos. Las vinculaciones con el ENTE de este “inversor” son tan evidentes como las de Baroni y Michel, ya que es socio comercial de Gustavo Víttori, dueño de los más importantes multimedios de Santa Fe, y de influencia prominente en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entidad que desde hace muchos años tiene una gravitación central en el ENTE y en el proyecto de Nuevo Puerto.
Descubierta la maniobra por denuncia del diario UNO de Santa Fe, y habiendo tomado fuerte resonancia en la Cámara de Diputados de Santa Fe, el entonces Gobernador de Santa Fe, Ing. Jorge Obeid, propuso una ley de expropiación de esas tierras “a precios históricos”. La ley N° 12855, que contemplaba la expropiación de 24.000 hectáreas fue aprobada en abril de 2008, ya con Binner, pero hasta el momento no se hizo efectiva, ni se sabe si se aplicará o se “respetarán” las nuevas propiedades del “patriciado” santafesino.
Los cuestionamientos de los expertos de la UNL y su ruptura con el ENTE
En 2006, con la presidencia de Fabio Arredondo (coordinador del centro de estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe), el ENTE aprobó el lugar de emplazamiento del nuevo puerto, decidiéndose por una de las tres alternativas que le ofreciera el Consorcio de Asesoramiento Técnico (COINRE). Para los investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, ese era el peor de los lugares, por varias razones: Por la escasa profundidad y estrecho margen de maniobra, la necesidad de enormes y permanentes obras de dragado, la abultada inversión necesaria para construir los accesos, y el importante impacto ambiental. Finalmente los expertos de la UNL, que proponían un sitio cercano al tunel subfluvial, se retiraron del Grupo de Inspección, sin abalar el informe con su firma. Pero su voz, como tantas otras, fue silenciada por el grupo mediático hegemónico de Santa Fe, directamente interesado en los negocios portuarios.
Los interrogantes
Si bien las irregularidades y defraudaciones que se pudieran estar cometiendo en la administración de los bienes del viejo puerto son bastante conocidas, y están al borde de investigaciones judiciales y legislativas, los trámites de la licitación del nuevo puerto permanecen en la penumbra. Actualmente una Comisión Especial creada por el Ejecutivo estudia la oferta económica de la UTE que se presentó a licitación para la construcción del nuevo puerto, lo cual se dijo que llevaría entre cuatro y seis meses, a partir de fines de mayo de este año.
El pueblo de Santa Fe, que en definitiva pagará una gran parte de la obra con sus impuestos, no tiene acceso al Proyecto Técnico, ni a los estudios previos, ni a los estudios económicos que supuestamente fundamentan la operatividad comercial del futuro puerto.
Tampoco conoce la propuesta económica de la UTE que se presentó a la licitación. Por lo que se conoce, el Estado Nacional, que también aportará a la obra y será garante del préstamo del FonPlata, tampoco poseería esta información. Los hechos mencionados anteriormente, que están totalmente documentados, no hacen más que poner en duda la seriedad con que se encara una obra de tanta envergadura, en la que se comprometen fondos públicos multimillonarios. El propio liderazgo de Marcelo Vorobiof de toda la etapa licitatoria, es un elemento que sin duda aporta a estos interrogantes.
14 de Julio de 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario